Hay crisis que se miden en estadísticas y otras que se reconocen cuando una familia deja de poder comprar un medicamento, cuando un jubilado tiene que elegir entre comer o calefaccionarse, cuando una persona con discapacidad pierde un apoyo que necesita para sostener su vida cotidiana o cuando un estudiante ya no puede compatibilizar el trabajo con la carrera.

En los barrios, esas situaciones no aparecen separadas. Se acumulan y terminan formando parte de la vida cotidiana. Cuando las respuestas institucionales se vuelven insuficientes, las comunidades empiezan a organizarse para resolver lo urgente, acompañar a una familia, ayudar con un trámite, acercar una consulta médica o simplemente construir un espacio donde alguien pueda ser escuchado.


Ese es uno de los ejes de la conversación entre Juan Cruz y José Lepere, referente territorial de La Cámpora de Almirante Brown y exfuncionario nacional. Una entrevista que parte de la experiencia política y de gestión de Lepere, pero rápidamente se desplaza hacia una pregunta más amplia sobre qué sucede con una comunidad cuando las políticas públicas dejan de alcanzar para sostener las condiciones básicas de vida.


Lepere conoce ese territorio desde hace décadas. Nació y creció en Almirante Brown y sostiene una idea que atraviesa toda la conversación. “Nosotros queremos vivir mejor acá, no irnos a vivir mejor a otro lado”, explica. Su mirada sobre la política parte de esa pertenencia y de la convicción de que mejorar las condiciones de vida de una comunidad implica trabajar para que los servicios, la seguridad, el agua potable, las cloacas y las oportunidades lleguen al lugar donde las personas construyeron su vida.

Desde esa perspectiva nació Comunidad Brown, una experiencia de organización territorial que reúne a médicos, enfermeros, trabajadores sociales, abogados, especialistas en discapacidad y vecinos que ofrecen su tiempo y sus conocimientos. Los operativos se realizan en capillas, iglesias evangélicas, sociedades de fomento, bibliotecas y centros de jubilados, y buscan responder a necesidades concretas que van desde controles de salud y trámites hasta actividades recreativas y apoyo comunitario.


La experiencia tiene, además, una particularidad importante. No pretende reemplazar al Estado, sino responder allí donde los vecinos encuentran que las respuestas públicas ya no alcanzan. “Es un paliativo, un pequeño oasis en medio de la crisis”, reconoce Lepere. Pero inmediatamente plantea un límite que atraviesa toda la conversación: “cuando el Estado se va, lo único que nosotros no podemos hacer es retirarnos también”.


En esa realidad, la discapacidad aparece como uno de los ámbitos donde el deterioro se vuelve especialmente visible. Lepere cuenta que en instituciones como el Pequeño Cotolengo Don Orione dejaron de recibirse algunos insumos básicos y pañales por parte del Estado nacional, mientras que las familias que tienen a cargo a una persona con discapacidad, una enfermedad o un adulto mayor enfrentan situaciones cada vez más difíciles.

La misma preocupación aparece en los clubes y las sociedades de fomento. En un distrito como Almirante Brown, donde viven alrededor de 600.000 personas, estos espacios constituyen una parte fundamental de la infraestructura social. Allí se construyen vínculos, se desarrollan actividades deportivas y culturales y se generan redes que muchas veces funcionan como primera contención frente a las dificultades. Pero también son instituciones que necesitan recursos para sostenerse.


La crisis también está llegando a un terreno menos visible. En los operativos comunitarios, Lepere describe una demanda creciente relacionada con la salud mental, especialmente entre adolescentes, y advierte sobre la falta de psiquiatras y psicólogos infantiles cubiertos por el sistema de salud. A esa situación se suma el endeudamiento de las familias, el juego online y una presión económica que lleva a muchas personas a trabajar jornadas cada vez más extensas sin conseguir mejorar sus condiciones de vida.


Frente a ese escenario, la organización territorial puede detectar rápidamente una urgencia, acompañar a una familia, sostener un club o acercar un profesional. También puede reconstruir vínculos allí donde la crisis genera aislamiento. Pero la propia experiencia que relata Lepere muestra que esa capacidad tiene límites.


Un municipio no puede resolver por sí solo problemas estructurales de infraestructura, salud, educación o servicios públicos cuando las decisiones y los recursos dependen de otros niveles del Estado. Por eso Lepere sostiene que “no hay proyecto local sustentable sin un proyecto nacional”.


La organización comunitaria puede sostener durante una crisis aquello que de otro modo podría perderse. Puede convertir un club en un espacio de encuentro, acercar un médico a un barrio, acompañar a una familia en un trámite o detectar una situación que requiere una respuesta urgente.


Pero no debería convertirse en la excusa para aceptar que los derechos dependan de la capacidad de una comunidad para organizarse.

Una sociedad solidaria no debería ser aquella que reemplaza permanentemente las obligaciones del Estado, sino aquella que tiene comunidades suficientemente fuertes para participar, reclamar y construir respuestas mientras las instituciones públicas cumplen con su responsabilidad.


Tal vez por eso la conversación entre Juan Cruz y José Lepere no se limite a describir una crisis. También pone en discusión qué tipo de comunidad queremos construir y qué lugar debe ocupar el Estado en esa construcción.


Porque el territorio no es solamente el lugar donde ocurren los problemas. También es el lugar desde donde las personas se organizan para reclamar las respuestas que necesitan y defender las condiciones que hacen posible vivir con dignidad.